Todas las empresas de servicios públicos están obligadas a contratar una auditoria externa de gestión y resultados permanente con personas privadas especializadas. La auditoría externa obra en función tanto de los intereses de la empresa y de sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios y, en consecuencia, está obligada a informar a la Superintendencia las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de una empresa, las fallas que encuentren en el control interno, y en general, las apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la empresa. En todo caso, deberán elaborar además, al menos una vez al año, una evaluación del manejo de la entidad prestadora.
Es una unidad administrativa especial, a través de la cual el Presidente de la República señala las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, que le encomienda el artículo 370 de la Constitución Nacional. Dicho en otros términos, las Comisiones de Regulación tienen la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos y de promover la competencia.
Cuando se expidió la Ley 142 de 1994, el Ministerio de Desarrollo Económico, tenía en relación con el servicio de agua potable y saneamiento básico, la función de señalar los requisitos técnicos que debían cumplir las obras, equipos y procedimientos utilizados por las empresas de servicios públicos del sector; elaborar máximo cada 5 años un plan de expansión de la cobertura del servicio; identificar fuentes de financiamiento para el servicio público respectivo; identificar el monto de los subsidios de la Nación; recoger información sobre nuevas tecnologías y sistemas de administración en el sector; impulsar negociaciones internacionales; desarrollar y mantener un sistema adecuado de información sectorial; las demás que le asigne la ley.
La Ley 790 de diciembre 27 de 2002, por la cual se expidieron disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública, dispuso en el parágrafo del artículo 4º, que la formulación de políticas relativas al uso del suelo y al ordenamiento urbano, agua potable y saneamiento básico, desarrollo territorial y urbano, así como la política habitacional integral necesaria para dar cumplimiento al artículo 51 de la Constitución Política, serían funciones del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Los organismos adscritos y vinculados relacionados con estas funciones, pasarían a formar parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Ejerce el control fiscal en las empresas de servicios públicos domiciliarios con participación del Estado. Este control se ejerce sobre los aportes y los actos o contratos que versen sobre las gestiones del Estado en su calidad de accionista
Tienen como funciones, entre otras, las de custodiar a los tenedores, los título representativos de capital en empresas que operen en municipios menores; tramitar y decidir las impugnaciones de elecciones de vocales de control; imponer multas a las empresas de servicios públicos que infrinjan la Ley 142 de 1994, cuando se deriven perjuicios para los usuarios; y asesorar a los usuarios o suscriptores que deseen presentar recursos en materia de servicios públicos domiciliarios.
